El principio de legalidad es un principio fundamental en el Estado de derecho que establece que todas las acciones del gobierno deben estar basadas en leyes preexistentes y no en decisiones arbitrarias. Esto significa que el gobierno y sus funcionarios tienen la obligación de actuar dentro de los límites de la ley y seguir el procedimiento legal establecido.
El principio de legalidad implica que las leyes deben ser claras, accesibles y predecibles, de modo que los ciudadanos puedan conocer sus derechos y obligaciones. Además, establece que ninguna acción del gobierno puede ser tomada sin una base legal suficiente y que no se pueden aplicar leyes retroactivas.
En resumen, el principio de legalidad garantiza la seguridad jurídica y protege los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos de poder por parte del gobierno. Es un principio fundamental en cualquier sistema democrático y de Estado de derecho.
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